Paris-2016

Johanna Orduz

-¿por qué nos tratan así?, ¡por qué nos tratan así! -Porque son perros conchatumadre.

Fuente: Diálogo entre una manifestante y un policía, Cajamarca, 2012

Son como perros

Tomado del fotograma del video en que un miembro de la Policía Nacional de Perú llama perros a los protestantes contra el proyecto minero Conga.

Acuarela de Mauricio Delgado

La gran victoria del extractivismo es haber convencido a la población de ser la única manera de hacer progresar a un país: los afanes de sus técnicos, las promesas de sus políticos, las infamias de sus publicistas oficiales y oficiosos; y hasta la represión de sus fuerzas de seguridad tienen como objetivo afianzar ese sentido común^{[ 4 ]} instalado: solo a través de la minería, la extracción de petróleo, gas o la pesca indiscriminada, una nación con poca tecnología puede dar el salto al «primer mundo» o por lo menos a la OCDE ^[5].

Para poder sacar adelante los diversos proyectos de megaminería, petróleo o gas que generan pocas posibilidades de empleo de la población local, los diversos países en América Latina han tenido que imponer una mirada del desarrollo que sea funcional a estas propuestas, avasallando a los pobladores y líderes sociales que optan por un desarrollo alternativo. El extractivismo ha sido definido como un fenómeno multidimensional que ha adquirido «enorme importancia, hasta convertirse en uno de los principales factores de reestructuración territorial, impactos ambientales a gran escala y efectos sociales, económicos y políticos muy amplios» (Gudynas, 2015: 423 y ss). O como lo sostiene Svampa (2013: 3) «aquel patrón de acumulación basado en la sobre explotación de bienes naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados improductivos. El neoextractivismo —ilustrado de modo emblemático por la megaminería— instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligrosos el proceso de acaparamiento de la tierra, expulsando o desplazando a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana» (énfasis mío).

La imposición de esta actividad exige que la población no cuestione el modelo de desarrollo, pero a su vez, aquellos que sí lo hacen deben ser controlados a como dé lugar. Por eso, como lo sostiene Héctor Alimonda: «A pesar de los prolijos catálogos de buenas prácticas para la gobernanza ambiental y de las prescripciones para la responsabilidad social ambiental de las empresas, la resistencia generalmente tiene como respuesta la criminalización, la represión, los asesinatos por encargo: en el siglo XXI latinoamericano, la disputa por el control de los recursos, es un tema álgido de derechos humanos» (Alimonda, 2011: 12).

Sin duda, las empresas extractivas no solo han utilizado estos métodos, sino también la presión tributaria, los lobbies en los más altos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo, la financiación directa de campañas de congresistas a través de ONGs para «el fortalecimiento de la gobernanza», así como la compra de publicidad en medios de comunicación de la capital como de las provincias e incluso, la compra de espacios mediáticos concretos —así como la financiación de periodistas y comunicadores— para penetrar con su discurso y su slogan (por ejemplo «Perú país minero»). Las empresas incluso han utilizado métodos ilegales como sobornos, chantajes o presiones en los fueros judiciales al más alto nivel e incluso coacción sobre los legisladores (sea el congreso o el Poder Ejecutivo a través de normas «urgentes») para ampliar sus beneficios o flexibilizar las condiciones de extracción.

Pero todo esto no podría ser efectivo sino tuviera una práctica ideológica acorde con sus objetivos y necesidades inmediatas que, además, ha convencido a quienes se someten a estos regímenes sea trabajando para ellos, negociando con ellos o difundiendo las ideas gruesas que sirven como acicate del discurso extractivista. Por eso mismo, desde los diversos foros extractivistas y desde las propias empresas, así como de la sociedad civil que la respalda (asociaciones de mineros o de empresas de hidrocarburos) se ha difundido una manera de entender el mundo, totalmente funcional a sus intereses creando un sentido común. A esta forma de difundir las bondades del extractivismo es a lo que se puede denominar el discurso extractivista o neoextractivista ^[6] .

Obviamente el discurso extractivista se basa en un discurso amplio neoliberal que, como señala Gerardo Damonte, ha sobrevivido al giro hacia la izquierda en Latinoamérica porque en el Perú «en el contexto del régimen neoliberal […] se ha producido y establecido un poderoso discurso de desarrollo economicista con base extractiva que ha sido incorporado no solo por la élites, sino también por sectores emergentes, principalmente urbanos. A partir de este discurso, el grupo dominante ha buscado —con bastante éxito— naturalizar las desigualdades y limitar el impacto del descontento y las protestas socioambientales que se han multiplicado en el país. En este contexto, la variable institucional surge como un aspecto fundamental para la perpetuación o la generación de alternativas al modelo» (Damonte, 2014: 38) (énfasis mío).

En el caso peruano, lo fundamental del discurso extractivista es que se basa en un sentido común político que ha calado entre los peruanos desde el cambio fundamental que implicó el shock económico fujimorista de 1992: la despolitización del mercado. Me refiero en concreto a la idea que lo técnico carece de componente político y es lo que prima en esa desregulación o «regulación del mercado por sí mismo» como propuesta económica neoliberal. Esta idea-fuerza del neoliberalismo peruano se asentó con la propuesta política que sigue al Golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992: los ministros de Economía o los funcionarios que siguieron apoyando el régimen, aún con todo su lastre autoritario, se basaban en el componente técnico de sus funciones para pasar por encima de las formas democráticas. En ese contexto «en el discurso neoliberal economicista hegemónico, la dependencia se entiende como integración mientras que la sujeción se conceptualiza como posicionamiento, lo que naturaliza las desigualdades intrínsecas al sistema global actual» (Damonte, 2014: 40).

De esta manera el discurso extractivista se engarza «naturalmente» sobre el discurso neoliberal fujimorista que apela a lo técnico como elemento neutro dentro del ámbito de lo político y desprestigia lo político asumiéndolo como ideologizado; y sin embargo se integra al sistema global en tanto que país productor de materias primas. Con el alza posterior de los commodities y el aumento de las inversiones mineras, de hidrocarburos y gasíferas a gran escala entrado el siglo XXI, así como la democracia en el Perú, el mismo sentido común permanece.

El discurso extractivista: ¿mitos o sentidos comunes?

El discurso extractivista es una operación de sentido (de configurar sentidos) a prácticas depredadoras que conlleva la actividad extractivista compulsiva, para legitimarlas. El objetivo básico de este discurso es minimizar el daño y descalificar a quienes señalan que el daño de las industrias extractivas es irreversible. Como sostiene Gudynas: «Los discursos también sirven para naturalizar a los extractivismos, como algo aceptable, necesario y con lo que se puede convivir; los impactos negativos se desvanecerían de las discusiones públicas» (Gudynas, 2015: 97). Por cierto, el discurso extractivista es un discurso autoritario, en tanto que se emite desde una posición de desnivel, desde lo alto de la jerarquía del «conocimiento técnico» para explicar a los iletrados o neófitos las bondades que el extractivismo ofrece.

Para efectos de este ensayo, entiendo el término discurso desde la perspectiva de Michel Foucault, esto es, como prácticas del lenguaje «que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. Es indudable que los discursos están formados por signos; pero lo que hacen es más que utilizar esos signos para indicar cosas. Es ese más lo que los vuelve irreductibles a la lengua y a la palabra. Es ese “más” lo que hay que revelar y descubrir…» (Foucault, 1985: 81). Se trata de «el lenguaje como es usado por varias instituciones (la ley, la medicina, la iglesia, por ejemplo) con el propósito de construir relaciones de poder entre la gente» (Wolfreys, 2002: 28).

En diversas partes de América Latina los discursos autoritarios se han erigido como la respuesta para calmar la ansiedad y el miedo frente a situaciones de violencia o de riesgo. Los discursos autoritarios muchas veces han justificado prácticas como las torturas, las violaciones sexuales y los crímenes, la segregación, la discriminación por raza y sexo, los «excesos» de las fuerzas armadas, en suma, el sometimiento de grandes sectores de la población a través de la fuerza. Este tipo de discursos autoritarios se basa en una cultura patriarcal y colonial y opera a través de lo que llamo «basurización simbólica», es decir, una forma de organizar al otro como elemento sobrante de un sistema simbólico. La basurización simbólica es una forma de conferirle al «otro» una representación que produce asco o que, por lo menos, desde la perspectiva que ese «receptor» y «objeto» del discurso, tenga como mandato salir del sistema para que el sistema funcione^{[ 7 ]}. En el caso del discurso extractivista en concreto es necesario mantener al margen a todos aquellos que lo cuestionan, que lo critican o que plantean otros modelos, desautorizando la sola posibilidad de considerar que un país deba tener en cuenta sus eco-sistemas para restringirlo, en el caso peruano por ejemplo, la oposición al Ordenamiento Territorial sería un resultado de este autoritarismo discursivo.

El discurso extractivista se basa en los siguientes elementos:

1) es un discurso autoritario que niega cualquier cuestionamiento del mismo o incluso debatirlo en el foro público, descalificando a sus oponentes a través de una amplia estrategia de criminalización de la disidencia política y/o subalternizando sus opiniones por «ignorantes» o «ideologizadas».

2) se centra en la urgencia de «progresar» o de «desarrollar» a través de la extracción de recursos no renovables o difícilmente renovables como tesoros no usados de las naciones

3) tiene como sustrato la idea decimonónica del «progreso social» basado en un modelo Occidental-central de desarrollo, que niega la idea de un equilibrio entre lo social y el entorno medioambiental y fluye del discurso neoliberal de los años 90.

4) prioriza una versión del bienestar que beneficia a los pobladores de ciudades en perjuicio de pobladores rurales, indígenas, nativos o no indígenas, a través de las desposesión de sus territorios para llevar a cabo el «desarrollo extractivo», descalificándolos como ignorantes que no «conocen» las nuevas tecnologías extractivas.

5) el sustrato básico es que las rentas extractivas producidas sea por empresas nacionales o extranjeras aliviarán la pobreza de la manera más rápida y eficiente a través de la distribución del canon minero, petrolero o gasífero.

6) supone que las naciones que no utilicen sus recursos como materias primas estarían permitiendo que la riqueza siga «debajo de la tierra» sin ser explotada debido a la ignorancia o a la holgazanería (vr. gr. en el Perú el hipercitado refrán popular y (mal) atribuido a Antonio Raimondi «el mendigo sentado en un banco de oro»).

7) se basa en una serie de ideas-fuerza o de mitos vinculados con la desafectación de la importancia de la biodiversidad.

8) percibe a los recursos naturales como elementos para usarse sin restricción con la finalidad de servir al «hombre».

Este discurso neoextractivista en algunos países, como el Perú, se ha convertido en un sentido común que se percibe como «verdad» ineludible y no cuestionable. Esta «verdad» se difunde a través de los medios de comunicación masivos y la asume, tanto la derecha como la izquierda, pretendiendo imponer la idea que el desarrollo sólo se puede dar a través del control de las materias primas. Esta «verdad» incluso se afianza, desde los sectores interesados, como núcleo duro de la identidad nacional y se convierte en incuestionable para todos aquellos que disfrutan del crecimiento económico o del «desarrollo».

Los mitos del extractivismo

Recientemente se publicó en el Perú el libro Mitos y realidades de la minería en el Perú. Guía para desmontar el imaginario extractivista elaborado por Paul Maquet, ilustrado por colectivos y artistas alternativos de diversa procedencia, todos peruanos, y editado por el Programa de Democracia y Transformación Global (PDTG). El texto recoge cinco mitos del extractivismo para el caso peruano:

1) la representación de los opositores al extractivismo como «antimineros»;

2) la minería o los extractivismos como motores del desarrollo;

3) la idea de que la minería moderna no contamina;

4) el presupuesto que las empresas extractivas escuchan a la población y

5) el supuesto que frente al extractivismo no hay alternativas de desarrollo similares (Maquet 2014: 13-98).

El libro plantea una desmitificación de la minería como empresa extractiva moderna a través de un cuestionamiento lógico e implacable de estos cinco mitos. Finalmente propone un ejercicio indispensable para poder entender que esta «verdad» no es sino una ilusión, me refiero, al cuestionamiento del mismo concepto de desarrollo: «La propaganda a favor del desarrollo impulsado por las actividades extractivas suele “olvidar” un debate clave: ¿qué cosa es desarrollo? No hay consenso, existen muchas maneras de entender este concepto, y hay una discusión internacional muy intensa sobre el tema […] Actualmente una de las principales razones por las cuales se discute mucho sobre el desarrollo y su relación con el crecimiento económico es que nuestro propio planeta Tierra nos está poniendo límites» (Maquet, 2014: 94).

Este libro, en versión ilustrada, se basa en uno anterior titulado 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero, que a su vez recoge —como su nombre lo indica— quince mitos pero solo de la minería, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 1) la minería es un motor del desarrollo que impulsa la economía nacional; 2) la minería genera empleo, puestos de trabajo indirectos y crecimiento económico local; 3) quienes se oponen a la minería son fundamentalistas; 4) la minería desarrolla zonas postergadas, crea un círculo virtuoso, general desarrollo y eleva el nivel de vida; 5) los beneficios de la minería se quedan en los países; 6) la minería moderna es limpia, no contamina el ambiente; 7) los emprendimientos mineros cumplen con las regulaciones ambientales; 8) las empresas mineras piden el consentimiento de las comunidades; 9) las empresas transnacionales se comportan según sus códigos de responsabilidad social empresarial; 10) sin desarrollo minero no hay futuro para nuestras sociedades, ente otros mitos (Machado, 2011: 13 y ss).

En este listado nos encontramos más que ante mitos ante falsedades (falacias) que han convergido en un discurso extractivista usado de la misma manera por los propios gobiernos progresistas como el kirchnerismo en Argentina (neoextractivismo) o como por gobiernos más conservadores como el gobierno aprista en Perú (extractivismo tradicional), para convencer a sus ciudadanos de que están actuando de acuerdo a valores progresistas indispensables para sacar adelante a los grandes sectores populares excluidos. Estas falacias se condensan en la construcción de estereotipos como el del «antiminero terrorista» que analizaremos más adelante.

Entendiendo el mito como «relaciones de conceptos que conforman estructuras simbólicas, dotadas de su propia lógica, que tienen como objeto establecer modelos de comportamiento. Lo que hace mito de un relato o argumento es la relación de los símbolos de acuerdo con los valores de la cultura […] El mito se constituye en un elemento fundamental —quizás el más eficaz— de control social» (Silva Santisteban, 1986: 399) podríamos sostener que los mitos del extractivismo constituyen formas de entender el mundo, simbólicamente poderosos, que sostienen todo un sistema de explotación de recursos y de imposición de una estructura económica determinada a través de prácticas autoritarias que implican criminalización de la disidencia política, uso de las fuerzas policiales para sus propios fines ^[8] y flexibilidad en el manejo de armas de fuego para control de masas, así como el manejo de los aparatos legales y de políticas públicas para sus propios beneficios.

Estos mitos en lugar de percibirse como tales, como creaciones de la imaginación simbólica o como lugares comunes de intenciones interesadas en los extractivismos, se perciben como un sentido común que anima las actividades diarias de los ciudadanos como si se tratara de verdades inalterables. Como dice Gramsci «anudan al sujeto con un determinado grupo social» influyendo poderosamente en la conducta de las personas e incluso en la orientación de su voluntad, de tal manera, que una posición crítica sobre este sentido común es percibida como estéril, como algo imposible, con esa imposibilidad que no permite ninguna acción en contra, ninguna decisión o que incluso cualquier posibilidad de elección sea vana, produciendo un estado de inercia política en el sujeto.

De esta manera, estos mitos se concadenan como estructuras simbólicas, densas, tanto para entender como para comportarse y actuar, implícitas en una serie de acciones de los grupos interesados en el extractivismo como de los gobernantes. El discurso extractivista moderno presenta a la actividad minera o petrolera como eficiente, técnica, sin los lastres del pasado, produciendo empleo de manera directa o indirecta. Es de esta manera como el discurso extractivista se organiza como algo «positivo para toda la sociedad» y no solo para los interesados en los beneficios directos de las actividades extractivas; pues coadyuva al crecimiento del PBI y por lo tanto, la anulación de la pobreza en tanto que la riqueza «chorrea» ^[9] .

Pero el grave problema es que el discurso extractivista, con sus mitos, sus falacias y sentidos comunes, se performativiza día a día en prácticas específicas, como la satanización o la exclusión de grandes sectores sociales que no están de acuerdo con la minería o que pretenden controlar la explotación minera a determinadas zonas. Estas prácticas se convierten en artículos periodísticos, comentarios radiales, reportajes televisivos y editoriales de los periódicos más tradicionales que, junto con toda una cohorte de medios de comunicación en línea (Internet) van perfilando un enemigo en común. El problema es que este enemigo en común, el antiminero o la antiminera, se convierte en el chivo expiatorio de las crisis de conflictos sociales y no solo son estigmatizados, sino también criminalizados, perseguidos, denunciados, presos, golpeados, torturados, en el caso de las antimineras, violentadas sexualmente, acosadas moralmente y en ambos casos, finalmente, asesinados.

Los medios y el discurso autoritario-extractivista

Los grandes medios de comunicación son los que promueven, en el caso peruano, los discursos autoritario-extractivistas como las verdades monolíticas detrás del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos diez años (7% anual, en promedio). De esta manera, todo lo que implica un cuestionamiento al mito como estructura de dominación, es descalificado y por lo tanto extraído del foro público.

Para el periódico web Lampadia el post extractivismo es la forma como la izquierda peruana se ha quitado la careta de su opción por los pobres. En ese sitio web se analiza el texto «Nueva minería exige debate nacional», preparado por el Partido Tierra y Libertad y que en buena cuenta solo plantea una posibilidad de debate sobre el tema minero. El editorialista y exégeta de Lampadia (aunque el texto no está firmado, probablemente el autor sea su director Pablo Bustamante), afirma que el documento de Tierra y Libertad en «lenguaje común quieren convertirnos en una sociedad de pastores pobres y viejos. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global» (Lampadia, 2015a). El artículo que lleva como título «Postextractivismo: autarquía y empobrecimiento» y como subtítulo «Izquierda propone un país de miserables», apenas si glosa el documento de Tierra y Libertad para posteriormente concluir en una línea que: «Estas cúpulas de la izquierda tradicional siguen rumiando las “ideas muertas” que solo sirven para el “empobrecimiento general” bajo el liderazgo de los pocos “iluminados”, que seguro vivirían tan bien como Fidel Castro en Cuba (en compañía de algunos tigres en negocios millonarios)…» (Lampadia, 2015a).

Figura 1
La tragedia intelectual de los anti-mineros» del 3 de marzo de 2016 (izquierda) y «Los antimineros radicales avanzan por todo el país» del 24 de julio de 2015 (derecha).

Ejemplos de los titulares que instalan la crítica a los «anti mineros» en el portal en internet Lampadia (Lima).

Lampadia (Lima)

Junto con este tipo de exégesis, tenemos que Lampadia, así como El Montonero o Político.pe, todas publicaciones en internet, plantean sobre todo la configuración del enemigo mortal del extractivismo y la minería: me refiero al «antiminero». En artículos titulados «Antimineros asesinos», «Los antimineros radicales avanzan por todo el país», «¿Cómo frenar a los antimineros» (Lampadia) o «Doble moral de los antimineros», «Los psicosociales de los antimineros», «Pánico: arma mortal de los antimineros», «¡Alto a la violencia antiminera!» (El Montonero) o el artículo del periodista deportivo, ahora devenido en comentarista político, Phillip Butters, subtitulado «El Perú necesita líderes para enfrentar con eficiencia a los comunistas disfrazados de ecologistas» (Político.pe), que inicia sus reflexiones con la famosa frase «El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro» citada anteriormente, y que sostiene entre otras conjeturas, «el Perú necesita líderes con coraje y visión de futuro para enfrentar con eficiencia a los comunistas disfrazados de ecologistas que no solo son antimineros, sino que están contra la inversión. Si seguimos poniéndole a la cobardía la máscara del prostituido diálogo, nunca saldremos del subdesarrollo económico y mental […] Para ello, debemos usar el mecanismo constitucional de declaratoria de emergencia, sacar a la Fuerzas Armadas de los cuarteles para que tomen el territorio peruano y, de la mano del Ministerio Público y Poder Judicial, meter preso a cuanto peruano viole la ley y ataque a un policía o civil. ¡Hagamos nuevas cárceles, si es necesario!» (énfasis propio) (Butters, 2015). Todos los artículos mencionados configuran una estrategia muy similar para construir este estereotipo del antiminero delincuencial que debe ser apresado para evitar el atraso del Perú.

Pero son los medios escritos tradicionales, como los periódicos El Comercio o Expreso, que narran sus noticias haciendo eco de este estereotipo y haciéndolo pasar por «neutro» como calificativo de un tipo de peruano: el violentista que se opone a la minería por ser autárquico y deshonesto. El diario El Comercio en una editorial del día 12 de abril del 2015 describe a los manifestantes contra el proyecto cuprífero Tía María apropiándose del concepto de protesta social para deformarla: «En el fondo, pareciera que la legitimidad que se arrogan los promotores del paro es aquella que emana de colocarle el calificativo de “social” a la protesta. Bajo este manto protector, la “protesta social” está eximida de rendir cuentas o justificar sus actos prepotentes que, yendo contra toda evidencia, aparecen injustificados cuando no interesados» (El Comercio, 2015).

Es el diario Expreso quien, sin ambages, descalifica a quienes participan de las protestas contra proyecto mineros en una editorial titulado «Antimineros asesinos» que sostiene: «Creemos que reclamar a fin de que una minera cumpla las exigencias ambientales a la hora de desarrollar sus actividades económicas, no justifica nunca el uso de la fuerza, tal como ha ocurrido en el referido distrito puneño, donde cerca de 200 comuneros, provistos de piedras, palos, cuchillos y machetes arremetieron contra la Policía, retando a la autoridad y la ley […] esa ideología antiminera ha calado en muchos pueblos que no tienen el conocimiento ni la información debida acerca de una actividad minera que sí puede coexistir perfectamente con el respeto al medio ambiente. Al mismo tiempo hacemos un llamado para que les caiga todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este crimen» (Expreso, 2015).

El diario Expreso, así como los periódicos El Comercio, Perú21, Correo, y otros medios locales como Noticias (Arequipa) o Panorama (Cajamarca), suelen dar cuenta de los muertos por uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional de Perú (PNP) o del Ejército pero no cuestionan esas muertes en contexto de protestas ambientales ni levanta la voz para que las denuncias por estas muertes sean investigadas por la fiscalía. Desde julio de 2011 hasta mayo de 2016 (gobierno de Ollanta Humala) han sido asesinadas 65 personas en conflictos sociales, 57 de ellas debido al uso excesivo de la fuerza de la PNP o el Ejército o fuerzas combinadas[10].

Figura 2
Poblado de Cocachacra «sitiada por antimineros»

Instalación de la imagen de «antimineros» violentos.

Titular del periódico Noticias, Arequipa

Ha sido el diario Expreso quien ha configurado otra estructura mítica para dar respuesta al alto índice de conflictos socio-ambientales: se trata del «complot contra el Perú» que protagonizarían los antimineros y sus aliados, es decir, las ONGs de derechos humanos o derechos ambientales, junto con financieras y ONGs internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como políticos de la Unión Europea. Ante esta insinuación, la embajadora de la Unión Europea en 2015, Irene Horejs, envió una carta al Presidente de la República Ollanta Humala para denunciar el acoso mediático de varias de las instituciones y agencias internacionales que apoyan los derechos humanos y ambientales agrupadas en la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. Los pro-extractivistas no perdieron el tiempo y publicaron el artículo «Por la plata baila el mono. Las ONG de izquierda y una inaudita intromisión de embajadora de UE en asuntos internos de los peruanos» en el cual no solo señalan a la Embajadora Horejs y a otros 12 embajadores de la Unión Europea como impertinentes que se entrometen en asunto de índole interno, sino que acusan a las instituciones agrupadas en COEECI de estar detrás de los antimineros y de los conflictos sociales por intereses pecuniarios: «Por supuesto que las ONG concernidas han puesto el grito en el cielo denunciando un abuso del gobierno peruano. No es para menos. En juego están los millones de euros que reciben anualmente de la cooperación internacional, principalmente europea […] Pero como por la plata baila el mono, las ONG que se rasgan las vestiduras contra los lobbies cuando les conviene, han hecho lobby –¡y vaya qué lobby!— para que la embajadora de la Unión Europea meta sus narices en nuestros asuntos internos» (Vásquez Kunze, 2015). Queda así consolidado, en este artículo, el supuesto vínculo entre antimineros, ONGs ambientalistas, financieras europeas y embajadores de los países de la Unión Europea para formar un lobby que se inmiscuye en los asuntos internos del Perú con la finalidad de impedir su desarrollo.

Figura 3
«Por la plata baila el mono» sobre la carta de la embajadora de la Unión Europea en Lima al gobierno de Perú acerca de los conflictos sociales
Artículo de R. Vázquez Kunze, 18 de junio 2015, en el portal Politico.pe

Pero no fue en un diario ni en un portal de internet sino en un programa radial que el ejecutivo de la empresa Southern Perú Mining Corporation, Julio Morriberón, integró dos aspectos que venían perfilándose desde tiempo atrás para construir al emblemático enemigo del Perú: me refiero al «terrorista antiminero». En efecto, el funcionario manifestó ante Radio Programas del Perú – RPP, en plena crisis del conflicto por el proyecto Tía María el 27 de marzo de 2015, que el emprendimiento se cancelaba debido a dos razones: «en primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero, llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. En segundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha» (RPP, 2015). A las pocas horas el CEO de Southern, Oscar Gonzales Rocha, salió a desmentirlo afirmando que el proyecto no se iba a cancelar. Sin embargo, el epíteto terrorista antiminero se consolidó en esta radio de difusión nacional y poco a poco fue asumido por los diversos grupos pro-extractivistas. Incluso el CEO de Southern, Gonzales Rocha —como lo sostiene el portal Utero.pe— no rectificó el término sino que lo ratificó en una entrevista al diario Gestión: «Según el ejecutivo, el “terrorismo antiminero” se opera amenazando a la población e incluso al alcalde de Cocachacra ya que no iba a participar en el paro contra Tía María y no lo dejaron salir de sus casa. “Todo eso no puede ser más que llamado de esa forma”, dijo» (Castañeda, 2015). De esta manera el concepto «terrorista antiminero» poco a poco fue cobrando fuerza en un país donde el terrorismo de los años 80 y 90 ha dejado una herida abierta que, a pesar de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se cierra.

Pero el grave problema no es simplemente la calificación oral o periodística de los protestantes en casos de conflictos socioambientales como terroristas antimineros sino la práctica jurídica que esto conlleva, es decir, denunciar a un dirigente de protestas contra proyectos extractivos por terrorismo. No ha sucedido aún, pero en el caso mencionado de Tía María, la fiscal que está llevando el caso de las protestas contra el proyecto Tía María en Arequipa, Alejandra Cárdenas Ávila, ha creado una nueva tipificación jurídica que dentro del derecho penal agudiza la criminalización de la protesta: se trata de sostener que los frentes de defensa son asociaciones ilícitas para delinquir. Dice la fiscal en su denuncia: «Esta segunda formación asociativa [Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales] fue la que nació con un fin intrínseco delictivo, esto es, iniciar una lucha social, como la llama reiteradamente Jesús Cornejo en sus alocuciones, para obtener así sus objetivos, lo que significaba vulnerar de la paz [sic] y tranquilidad pública de la zona, de modo tal que el Estado suspendiera definitivamente la instalación de dicho proyecto, lo que en otras palabras se tradujo en tomas de carreteras, daños a la propiedad estatal, etc...» (Ministerio Público, 2015). Es sumamente grave que una fiscal pretenda incorporar esta posibilidad de tipificación penal. La opción de tipificar la creación de un frente de defensa como una asociación ilícita para delinquir es parte de la estrategia de criminalización de las protestas y eso al parecer coincide con las reacciones de los otros poderes del Estado, sobre todo del Ejecutivo y sus representantes, cuando estuvieron en la zona como puede observarse en la primera plana del diario Correo del miércoles 15 de abril del 2015. En esa fecha varios ministros, entre ellos el Premier Pedro Cateriano, viajaron a Arequipa con la finalidad de participar de una mesa de diálogo con los tres alcaldes de la zona que se habían plegado al paro general del valle de Tambo (eran los alcaldes de la provincia de Islay y de los distritos de Cocachacra y Dean Valdivia). Lamentablemente a su llegada el Primer Ministro Cateriano dio unas declaraciones que fueron glosadas en la portada del diario Correo bajo el título «Prisión para revoltosos» y como un cuestionamiento al propio Poder Judicial por no dictar ordenes de captura contra los dirigentes que encabezaban el paro. Posteriormente, los tres alcaldes que iban a participar de esa reunión —que finalmente abortó— fueron denunciados y tienen hasta la fecha procesos pendientes.

Figura 4
Titular con el Primer Ministro Pedro Cateriano invocando «prisión para los revoltosos»
en diario Correo, edición Arequipa, 15 abril 2015.

El discurso extractivista se fortalece como discurso hegemónico creando a su propio enemigo: el terrorista antiminero. Este discurso no solo es defendido por los principales políticos extractivistas o promineros que defienden el modelo mercantil-capitalista primario exportador como es el caso del Premier Pedro Cateriano en la carátula de Correo. Incluso algunos políticos de izquierda latinoamericanos que siguen asumiendo la necesidad de la industrialización con altos costos sociales, como el ser exportadores de materias primas por buen tiempo y seguir convertidos en un país minero, pesquero o petrolero. Es lo que ha sucedido en el Ecuador cuando el presidente Rafael Correa reconoce su derrota en el caso Yasuní y le echa la culpa a la «humanidad» por no haber podido sacar adelante su propuesta de financiamiento y compras de bonos. Decide entonces entregar el Yasuni a las empresas petroleras aunque siga manteniendo un discurso que reivindica el buen vivir (consagrado en su constitución política).

Lógicas discursivas: emprendedores / terroristas

Las lógicas discursivas que subyacen a los discursos extractivistas autoritarios mencionados podrían analizarse a la luz de sus posiciones contrarias/contradictorias, dentro de lo que el análisis del discurso denomina un cuadrado semiótico. Este análisis permitiría entender y resaltar la descalificación que viene implícita.

La configuración del discurso extractivista, sobre todo, aquella que estereotipa al terrorista antimero, propone implícitamente dos pares de opuestos: extractivismo – agrarismo. De alguna manera esto lo reconoció el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, en un artículo publicado en El Comercio en mayo del 2015, donde sostiene que «la propuesta [posextractivista de Tierra y Libertad] incurre en un bucolismo extremo» e insiste en que los dirigentes de ese partido son «bucólicos y anacrónicos» (Pulgar Vidal, 2015). Es decir, por un lado el extractivismo es entendido como una cabal forma de producción —lo que es, en buena cuenta, una falacia porque como sostiene Gudynas (2015) los extractivismos no producen sino que extraen— y las opciones opuestas son descalificadas como bucólicas, agraristas e ingenuas. Por eso mismo, es fácil engañar a los «campesinos» cuya identidad, en esta mirada esquemática, sería bucólica, agrarista e ingenua según los estereotipos al uso. La deixis donde se configura el extractivismo podría estar acompañada de otros sentidos como el crecimiento, el progreso, la riqueza, el orden y la sagacidad. En la posición opuesta se encontraría el agrarismo acompañado de decrecimiento, atraso, pobreza, ingenuidad o ignorancia, y como lo calificó Alan García en el texto que analizamos más adelante, un componente mágico religioso propio de los bucólicos-ingenuos: el panteísmo. Tenemos en la deixis de la izquierda una propuesta lógica, racional, científica, ordenada: el extractivismo. A diferencia de la deixis de la derecha en la que se encuentra la irracionalidad del agrarismo y su retraso, su regreso a la sociedad de los «pastores pobres y viejos» como rezaba Lampadia.

En la posición contradictoria al extractivismo está el terrorista antiminero, antisistema, violento y conflictivo, que puede llegar a ser un delincuente y corrupto. En su posición contraria encontraríamos al emprendedor, suma de cualidades de la modernidad, quien además de ser pro-sistema es pacífico, respetuoso de la ley, prominero y self-made-man. Ambos estereotipos conforman dos deixis contrapuestas: la del prominero es aquella de la modernidad y la opuesta del terrorista antiminero es aquella del atraso. Estas ideas se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1

Lógicas discursivas de oposición y descalificación.

DEIXIS DE LA MODERNIDAD DEIXIS DEL RETROCESO

DEIXIS DE LA MODERNIDAD DEIXIS DEL RETROCESO contrarios EXTRACTIVISMO AGRARISMO crecimiento decrecimiento progreso atraso riqueza pobreza orden ingenuidad sagacidad panteísmo contradictorios EMPRENDEDOR TERRORISTA Pacífico antiminero Prosistema antisistema Prominero violento Empresario conflictivo Respetuoso de la ley delincuente corrupto

El perro del hortelano

El discurso extractivista llegó a su cúspide, su punto más elevado y solemne, cuando el presidente Alan García Pérez publicó una serie de artículos en los diarios El Comercio y Expreso en los cuales defendía el modelo de desarrollo contra quienes querían socavarlo, denominándolos «perros del hortelano». Se trata de un discurso autoritario extractivista con todas las falsedades que, el libro argentino mencionado líneas arriba, llamaría mitos de la minera. En el caso del primer artículo (García 2007), por ejemplo, el texto construye a un enemigo difuso, pero enemigo de la nación al fin y al cabo, que es el «perro del hortelano que no come ni deja comer a su amo», según reza el refrán de la Baja Edad Media europea. Se trata pues de ese «peruano fundamentalista» que no puede entender la necesidad del desarrollo para todo el país porque solo mira su propio reducido, precario y obtuso bienestar. Para Alan García, todos los peruanos debemos de oponernos a ese perro del hortelano que no son los corruptos, ni los narcotraficantes, ni los burócratas sobornados, ni los malos funcionarios públicos, ni los capitalistas con mentalidad rentista: sino el viejo-nuevo comunista, el ambientalista, el que protege al «invisible indígena», el antropólogo que defiende a los «no contactados». Ergo, aquellos izquierdistas reciclados en la defensa de los derechos humanos o de los derechos ambientales que, en realidad, se oponen por principio al capitalismo y por lo tanto a la inversión privada en sectores que la requieren con urgencia como son todos los sectores extractivistas, sobre todo, la minería.

El artículo del ex presidente no pretende convencer a los no-convencidos del discurso extractivista sino señalar a los enemigos del mismo. Se propone plantear un «divortium aquarium»: de acá para allá son enemigos del Perú y perros del hortelano, de acá para acullá, buenos ciudadanos que están a favor del desarrollo y el progreso. En este texto Alan García construye un estereotipo: el antiminero que deviene, en esa lógica simplista, en anti-peruano.

En su segundo artículo en el periódico conservador Expreso (García 2009), Alan García le cambia el rótulo a uno de tono milenarista: «A la fe de la inmensa mayoría». En él expresa su forma de entender las diferencias políticas actuales: los antisistema vinculados con intereses extranjeros se oponen al desarrollo y al avance de la democracia apegándose a teoría estatistas de la guerra fría y por eso cuestionan las inversiones en empresas extractivas. Según este punto de vista es el complot extranjero antisistema el que ha cumplido un papel importante en los sucesos de la masacre de Bagua y otras movilizaciones sociales. El problema no está en la poca recepción del Estado a las demandas sociales específicas, sino en los «viejos dirigentes» y a las «trampas del antisistema» y a las «recetas extranjeras» que mantienen a una «mayoría callada». Alan García redondea y perfecciona su teoría del complot: el malestar económico solo es percibido y reproducido por «unos pocos miles» financiados por intereses subalternos internacionales que retroalimentan el «terrorismo del desorden» con movilizaciones, paros, tomas de carretera, que son muy visibles pero, en realidad, la gran mayoría que se siente sumamente satisfecha con los «avances del Perú» no se manifiesta públicamente ni a través de los medios de comunicación.

Sin duda, como lo sostiene Umberto Eco, «Tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo» (Eco, 2012: 20). Sin duda Alan García ha sabido explotar al máximo esta necesidad de un enemigo que no solo lo sea del modelo de desarrollo, sino incluso, de todo el Perú. Por eso la estrategia de construcción del enemigo del discurso extractivista es similar a las estrategias de estigmatización de los campesinos andinos durante el conflicto armado interno: todos son terroristas ergo enemigos del país. Y, por lo tanto, traidores a la patria y merecedores, según las normas penales, de la sanción más drástica.

Pero, además, el discurso de Alan García incluye una pretensión maniqueísta y reductora de las múltiples posiciones en torno al desarrollo que hoy se plantean desde diversos sectores del país. Como sostiene Carlos Iván Degregori: «Es un discurso que se pretende moderno, pero que en realidad es arcaico en tanto reivindica un tipo de capitalismo que desde 1973 está en entredicho. Hoy en todos lados se habla de desarrollo con apellido: sostenido, sustentable, con identidad, ecodesarrollo, etnodesarrollo. Con el título que se quiera, pero en todo caso, ya estamos en una etapa de postdesarrollo» (Sandoval, 2009:79).

Ollanta Humala, que subió al poder en 2011 representando a los amplios sectores llamados «anti-sistema», no escribe un artículo pero sí prepara desde el Poder Ejecutivo toda un marco legal que flexibiliza el uso de la fuerza de parte de la policía y el Ejército (Ley 30151), criminaliza al que protesta o disiente del discurso hegemónico extractivista y, sobre todo, estigmatiza a quienes no comulgan con su manera de entender la «inclusión social» (Ley 30230 denominada «paquetazo antiambiental»). En plena democracia se ha ido organizando una estructura de normas legales, políticas públicas y discursos mediáticos que convalidan una visión del desarrollo autoritaria, monológica y violenta en sus prácticas represivas.

Los «otros» como perros

Cuando los españoles llegaron a Cajamarca a detener al Inca Atahualpa el 16 de Noviembre de 1532 en lo que hoy es la Plaza de Armas, el sacerdote dominico Vicente de Valverde le ofrece la biblia y el Inca arroja el libro «con mucha ira y el rostro encarnizado» motivo por el cual Valverde monta en cólera y llama a Pizarro diciéndole: «No veis lo que pasa, ¡para qué estás en comedimientos y requerimientos con este perro lleno de soberbia! ¡Salid a él que yo os absuelvo!» (Miguel de Estete citado por Urtega 1938, 27-34) (énfasis mío). El Inca como perro es lo que configura su captura, su castigo y su muerte. Muchos años después otro insulto similar se configuraría como el punto de partida para analizar la basurización simbólica del otro como grupo social.

Durante los días del estado de emergencia en Cajamarca, posteriormente a la brutal detención de Marco Arana en la misma Plaza de Armas el 4 de julio del 2012, en un video (Bossio, 2012) que apenas dura 17 segundos se ve a una joven mujer cajamarquina, indignada, que se acerca a uno de los policías del Grupo de Intervenciones Especiales-GIE y le pregunta, casi llorando y con voz lastimera, «¿por qué nos tratan así?, ¿por qué nos tratan así?» El policía voltea para espetarle la siguiente frase: «porque son perros conchatumadre».

Este insulto, lanzado en ese momento, contra una mujer que solo implora por justicia a los que deben defender la justicia y la democracia como es la Policía Nacional es un insulto simbólico contra la alteridad radical de la nación. Esa alteridad que hoy en día está constituida por aquellos que se oponen a mirar el crecimiento del Perú con el optimismo ególatra de los beneficiados por el mismo y que plantean otras formas de desarrollo basadas en un país megadiverso. El asunto es que no solo somos diversos en recursos biológicos y extractivos, sino también en recursos humanos. Como sostiene Marco Arana: «junto a la megadiversidad biológica hay que tratar de comprender y entender la megadiversidad política y social» (Arana, 2011: 221).

Esa es la primera brecha que se interpreta de este insulto: no hay posibilidad de entender que existen, en la misma nación, posiciones políticas totalmente opuestas y que deben de convivir para poder lograr llegar a lo que todos los tratados de ciencias políticas y derecho siguen conceptualizando como «el bien común». En el Perú el «bien común» se impone según la perspectiva de quienes llevan la batuta del desarrollo, por eso no funcionan las mesas de diálogo, porque son percibidas por los subalternos como estrategias para desconflictivizar, sin interlocución de la otra parte. En ese sentido, el diálogo entre el Estado y los subalternos es, como lo plantearía Gayatri Spivak, con voz de un solo lado pues desde la subalternidad esa voz no se escucha, no se toma en cuenta, no «representa», es inaudible (Spivak, 1999).

Este insulto lanzado de esa manera por el efectivo de la policía, nos retrotrae a los años del conflicto armado, en que policías y militares no entendían ni querían entender a los hombres y mujeres que se resistían tanto a Sendero Luminoso como a la represión indiscriminada de las fuerzas del orden. Lamentablemente para poder entender estas lógicas debemos regresar a algunos conceptos que, personalmente, pensé que solo eran marcos teóricos para entender el pasado del Perú. Regreso pues a lo que, en un trabajo anterior (Silva Santisteban, 2008), planteé como basurización simbólica de la alteridad radical, es decir, a considerar al sujeto de la otredad radical como un desecho, alguien que debe de estar fuera del sistema para que el sistema funcione.

Dentro de las coordenadas del filósofo italiano Giorgio Agamben podríamos decir que se trata de considerar a los otros como «a piojos, esto es, como nuda vida. La dimensión en que el exterminio tuvo lugar no es la religión ni el derecho es la biopolítica» (Agamben, 2000: 147). El policía, probablemente costeño, en Cajamarca, aburrido y harto de su situación, separado de su familia, hastiado de gastar de su bolsillo para rancho, viendo que sus compañeros de la policía son subsidiados por la empresa Minera Yanacocha a través de los convenios mencionados líneas arriba, con pertrechos, comida y dinero en efectivo, no puede contener el odio visceral y profundo, el desprecio por aquel a quien debe de servir, y lo dice con todas sus palabras: son perros conchatumadre. Así como el cura Valverde, quinientos años atrás, el otro ser humano es trastrocado en un animal. La relación entre perros y piojos es de matiz: el desprecio por el piojo al que se le mata con las uñas es menos aguerrido y violento que el desprecio por el perro al que se debe de controlar, dominar y amaestrar. Pero un perro del modo como el policía lo menciona no es solo un perro: es lo más bajo en el escalafón de los seres vivientes, es el que debe de regresar por la boca que vino al mundo, por esa concha de la madre. En esa expresión no solo hay desprecio, hay asco y temor, pero sobre todo, odio.

En ese sentido, la policía, las fuerzas armadas y los líderes del país no han aprendido de los veinte años de guerra interna: de la creación de una otredad radical y basurizada (el terruco), hemos pasado al desprecio del campesino, del serrano, del líder de las protestas, de la mujer que protesta, del otro que difiere de nuestra manera de entender el mundo: al terrorista antiminero. El uso de estos discursos autoritarios sigue teniendo un solo fin: considerar al otro como desechable. Sesentaicinco «desechables» han muerto en conflictos sociales durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso (2011-2015).

Lamentablemente este desconocimiento de la humanidad del otro es lo que marca la represión del conflicto. Una vez más los discursos autoritarios convierten al otro en un cuerpo impregnado de mandatos políticos como durante el conflicto armado: someterlo o destruirlo implica salvar a la nación; permitir su extracción del sistema supone organizar a la democracia en su versión militarizada y, en este caso concreto, en un Estado minero-militar.

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Notas